Ley de pornografía Infantil

La Asociación de Animación en Japón, la Asociación de Editores de Revistas de Japón, y la Asociación de Editores de Japón están en pie de guerra, oponiéndose abiertamente a las nuevas propuestas del Partido Liberal Democrático (PDL) actualmente en el poder para enmendar la actual ley de pornografía infantil japonesa.

Entre las modificaciones a esta ley se quiere considerar un delito la posesión de pornografía infantil, término que incluiría la posesión de cualquier imagen sexual de menores de 18 años. Estas imágenes, que con la enmienda serían tipificadas como ilegales comportarían una multa de un millón de yenes (unos 8000 Euros) y al menos un año de cárcel si se demuestra que el motivo de su posesión es el de “satisfacer la curiosidad sexual”. Entre las modificaciones también se incluyen medidas para evitar su transmisión por la red.

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Las asociaciones protestan por que, pese a que entienden el espíritu de la ley, consideran que restringen la libertad de expresión, y están especialmente molestas por que se mencionan regulaciones sobre el manga y el anime, a pesar que la ley se supone ha de servir para preservar la integridad de los niños de carne y hueso. También muestran su preocupación por lo que esta ley podría representar para el sector del manga y el anime, que consideran correría el riesgo de desaparecer la cultura manga, un precio demasiado alto para Japón.

Algunas asociaciones se muestran preocupadas por el hecho que en una de las cláusulas se indica que debe investigarse si hay alguna relación entre el anime y el manga, y la violación de los derechos humanos de los niños. Además de las ya mencionadas, otras asociaciones como los responsables del Comiket y la Asociación de Vendedores de Dojinshi indican que esta normativa tendría un efecto muy negativo sobre la industria y provocaría confusión, pues según declaraciones de uno de los diputados impulsores de la norma, no se estableced diferencia alguna entre pornografía con niños e ilustraciones de niños.

Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Debería regularse por ley o, como proponen algunos autores, deben ser los propios autores los que se autorregulen?

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